Los fallos judiciales que desafían la estrategia arancelaria de Trump.
En mayo de 2025, una serie de fallos judiciales opuestos en torno a los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump ha reavivado la incertidumbre sobre el rumbo de la política comercial estadounidense. La decisión inicial del Tribunal de Comercio Internacional (U.S. Court of International Trade, CIT) de bloquear algunos de los aranceles más agresivos impuestos por el expresidente fue rápidamente suspendida por una corte de apelaciones, lo que dejó en pausa tanto la aplicación de la sentencia como los efectos inmediatos sobre los aranceles vigentes.
El origen del litigio: La invocación de poderes de emergencia
El conflicto legal se centra en la utilización del International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de 1977 que confiere al presidente de EUA facultades para actuar ante amenazas económicas internacionales. Si bien la norma no contempla expresamente la imposición de aranceles, el expresidente Trump la invocó para justificar medidas comerciales que incluyeron aranceles del 10% al 30% sobre bienes de prácticamente todos los socios comerciales de EUA, incluidos Canadá, México y China.
El CIT consideró que el presidente había excedido sus atribuciones legales al usar esta ley como base para una política arancelaria de alcance global, señalando que el Congreso nunca le otorgó “autoridad ilimitada” para imponer impuestos a las importaciones bajo el argumento de una emergencia.
Suspensión temporal y vías legales alternativas
Pocas horas después de la resolución, la administración Trump solicitó una suspensión provisional ante una corte de apelaciones, la cual fue concedida. Esta pausa administrativa permite que los aranceles continúen vigentes mientras se evalúa más a fondo la legalidad de su imposición.
Este movimiento compró tiempo para que el gobierno prepare su defensa legal y explore otras rutas, como el uso de diferentes disposiciones legales para mantener o reinstaurar aranceles. Entre ellas se mencionan:
- Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962: Utilizada anteriormente por Trump para aplicar aranceles al acero, aluminio y otros productos por motivos de seguridad nacional.
- Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974: Permite imponer aranceles de hasta el 15% por un periodo inicial de 150 días para corregir desequilibrios comerciales, como déficits persistentes.
- Legislación ordinaria del Congreso: Permitiría establecer aranceles mediante un proceso legislativo formal, aunque más lento y sujeto a negociación política.
Impacto económico y reacciones institucionales
Las decisiones judiciales han provocado confusión tanto en círculos económicos como gubernamentales. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió que esta volatilidad regulatoria podría desalentar la inversión empresarial. Según Goolsbee, si los fallos judiciales dan paso a una política comercial más clara y predecible, el impacto sería positivo; sin embargo, si el gobierno simplemente cambia de fundamento legal para aplicar los mismos aranceles, la incertidumbre podría prolongarse.
Estrategia política y repercusiones comerciales
Desde la Casa Blanca, voceros del expresidente Trump reiteraron que no abandonarán la estrategia de utilizar los aranceles como herramienta de negociación. Aunque sólo se ha concretado un acuerdo marco con el Reino Unido —centrado en productos como carne, etanol y automóviles—, la administración afirma estar negociando con al menos 18 países.
No obstante, la legalidad de esta estrategia sigue en entredicho. Juristas como Ilya Somin, profesor de Derecho en la Universidad George Mason, han señalado que la decisión judicial no excluye completamente el uso de IEEPA, pero sí limita su aplicación irrestricta para imponer tarifas de forma generalizada.
Consideraciones finales
A pesar de que los aranceles continúan vigentes en lo inmediato, el fallo del CIT plantea un precedente que podría limitar el margen de acción de cualquier presidente que intente utilizar poderes de emergencia para imponer impuestos al comercio exterior. Si bien existen otras vías legales, muchas de ellas requieren más tiempo, procesos administrativos complejos o aprobación legislativa.
Este escenario configura un entorno de alta volatilidad para la política comercial de EUA y mantiene en vilo tanto a los socios comerciales internacionales como a los actores económicos nacionales, quienes deben adaptarse a reglas que, por ahora, siguen sujetas a revisión judicial.
Fuente: Fiscalia.com
